Proceso Constituyente, Boletín de Actualización Jurídica, INVEST CHILE

El proceso constituyente chileno: breve revisión de las características generales del proceso, sus plazos tentativos y límites formales y sustantivos.
Legislación aplicable:
– Constitución Política de la República de Chile.
– Ley N°18.700 orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios.
– Ley N°18.556 orgánica constitucional sobre sistema de inscripciones electorales y servicio electoral.
– Ley N°18.603 orgánica constitucional de partidos políticos.
– Ley N°19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral.
– Ley N°20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés.
– Ley N°20.730 que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.
La información aquí proporcionada tiene un carácter estrictamente orientador y en ningún caso reemplaza interpretaciones oficiales realizadas por las autoridades competentes en las materias aquí tratadas.

1. Antecedentes

Como resultado del plebiscito que tuvo lugar el 25 de octubre de 2020, Chile iniciará en los próximos meses un proceso constituyente. Este proceso tiene por objeto elaborar una propuesta de nueva Constitución, la cual, de ser aprobada en un nuevo plebiscito, reemplazará la carta vigente desde 1980.
Específicamente, el plebiscito consultó a los chilenos sobre la necesidad de redactar una nueva Constitución, además del mecanismo a emplear para dicha finalidad. La opción “Apruebo” resultó vencedora con 78,27% de los votos, mientras que 79,99% optaron por el mecanismo de la “Convención Constitucional”.
A diferencia de otras experiencias constituyentes en América Latina, el proceso chileno fue iniciado a través de una reforma a la Constitución actual. Es decir, las normas que definen y limitan el proceso constituyente fueron debatidas en el Congreso Nacional y aprobadas por los quórums contemplados en el texto vigente.

Por lo demás, el único objeto de la Convención Constitucional será la redacción de la nueva Constitución, no pudiendo ejercer atribuciones de otros órganos consagrados en la actual Carta Fundamental.

2. Características generales del proceso constituyente

La Convención Constitucional, encargada de elaborar la propuesta de nueva Constitución, será un órgano compuesto por 155 ciudadanos electos especialmente para tal efecto, denominados “convencionales constituyentes”.
Los convencionales constituyentes serán elegidos por votación popular, rigiéndose por las normas actualmente vigentes para la elección de diputados(1) en materia de distritos electorales y sistema electoral para asignar los escaños en la Convención.
Cualquier ciudadano podrá postular a ser convencional constituyente. Sin embargo, quienes detenten cargos públicos de alto nivel o cargos directivos de naturaleza gremial o vecinal, cesarán en sus funciones automáticamente por el hecho de inscribir sus candidaturas.
Los convencionales estarán afectos a las mismas inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que la Constitución vigente establece para los parlamentarios. Además, estarán afectos a las normas de la ley No 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés, en lo aplicable a los diputados, y a la ley No 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.
La Convención deberá elaborar un reglamento que definirá su funcionamiento. Tanto las normas de la nueva Constitución como el reglamento deberán ser aprobadas por un quórum de dos tercios de los miembros en ejercicio de la Convención. Esta última tiene prohibido alterar
los quórums y procedimientos para la adopción de acuerdos.
Asimismo, la Convención deberá elegir a un presidente y un vicepresidente, y conformar una secretaría técnica, integrada por personas de comprobada idoneidad académica o profesional.

3. Plazos del proceso constituyente

El itinerario constitucional tentativo para los próximos meses es el siguiente:

2021

11 de abril
Elecciones de convencionales constituyentes.

18 de abril – 17 de mayo
Plazo para que el Presidente convoque a la primera sesión de la
Convención.

3 de mayo – 1 de junio
Plazo para la realización de la primera sesión de la Convención.

2022

3 de enero – 1 de febrero
Primer plazo para entregar la propuesta de texto constitucional.

3 de abril – 1 de mayo
Plazo final para entregar la propuesta de texto constitucional.

5 de junio – 3 de julio
Plazo para la realización del plebiscito constitucional.

13 de julio – 10 de agosto
Plazo para que, en caso de ser el plebiscito favorable, el
Presidente promulgue el nuevo texto constitucional.

23 de julio – 20 de agosto
Plazo para publicación y entrada en vigencia de la nueva Constitución.

El 11 de abril de 2021 es la elección de los 155 convencionales constituyentes, elección que se realizará en forma simultánea con las elecciones municipales y de gobernadores regionales. El Tribunal Calificador de Elecciones tiene un plazo de treinta días tras la elección para calificarla y
dictar la sentencia de proclamación, la que debe ser comunicada dentro de los tres días siguientes de su dictación al Presidente de la República y al Congreso Nacional.
Posteriormente, dentro de los tres días siguientes a dicha comunicación, el Presidente de la República convocará a la primera sesión de la Convención Constitucional, la que deberá efectuarse dentro de los quince días posteriores a la publicación del decreto supremo que convoque a la Convención.
La Convención deberá redactar la propuesta de nueva Constitución en un plazo máximo de nueve meses, el cual podrá prorrogarse una sola vez por tres meses más.
Terminado el trabajo de la Convención, el Presidente deberá convocar, dentro de los tres días siguientes, a un nuevo plebiscito constitucional para que la ciudadanía apruebe o rechace la propuesta de nueva Constitución.
Dicho plebiscito deberá realizarse sesenta días después de la publicación del decreto supremo por el cual se convoca su realización. El voto en este plebiscito será obligatorio.
El proceso de calificación del plebiscito constitucional deberá quedar concluido dentro de los treinta días siguientes a su realización. La sentencia de proclamación deberá ser comunicada en un plazo de tres días desde su dictación al Presidente de la República y al Congreso Nacional.

Si el resultado del plebiscito es favorable a la nueva Constitución propuesta, el Presidente deberá, en un plazo de cinco días, convocar al Congreso Pleno para la promulgación del nuevo texto constitucional, el que deberá además publicarse en el Diario Oficial dentro de los diez días siguientes a su promulgación, fecha en que entrará en vigencia.

4. Límites del proceso constituyente

El proceso constituyente chileno contempla una serie de limitaciones, fijadas por la reforma constitucional que permitió la realización de este proceso. Así, es posible distinguir entre límites al proceso, consistentes en los resguardos para la deliberación que se produzca al interior de la
Convención Constitucional, y límites al resultado, vale decir, aquellos principios que el texto de nueva Constitución sometido a plebiscito no podrá transgredir.
4.1. Límites al proceso propiamente tal
Quórum para los acuerdos: La reforma constitucional fijó un quórum de dos tercios para la aprobación de las normas de la nueva Constitución, como también para la definición de los procedimientos de la Convención. Este es un quórum relativamente alto, que busca incentivar la adopción de acuerdos transversales por sobre la imposición de una mayoría circunstancial sobre otra.
Sistema electoral: El hecho de que para la elección de los convencionales se sigan las mismas reglas que para la elección de diputados, sugiere que la composición de la Convención no distará mayormente de la de la Cámara de Diputados, en la que, actualmente, ningún sector político detenta más de dos tercios.
Secretaría Técnica: La Convención deberá designar una secretaría técnica compuesta por personas de comprobada idoneidad académica o profesional. Esta entidad deberá velar porque el texto redactado sea armónico y respete los límites sustantivos fijados por el texto constitucional vigente.
Procedimiento de reclamación: En caso de infracción a las reglas de procedimiento de la Convención, un cuarto de sus miembros en ejercicio podrá interponer una reclamación ante la Corte Suprema, la que será conocida por cinco de sus ministros. Con ello, se busca evitar que una mayoría pueda vulnerar las reglas para el debate y la adopción de
acuerdos al interior de la Convención.
Vigencia de la Constitución de 1980: Mientras la Convención ejerza sus funciones, permanecerá plenamente vigente la Constitución actual. Queda prohibido a la Convención asumir otras atribuciones que las expresamente conferidas para la redacción de la nueva Constitución.
Plebiscito de salida: Finamente, cabe reiterar que el resultado del trabajo de la Convención Constitucional solo será una propuesta de nueva Constitución, la que deberá ser aprobada por la ciudadanía en un plebiscito ratificatorio, el cual se realizará con voto obligatorio.
4.2. Límites al resultado
Carácter de república: El texto constitucional sometido a plebiscito deberá mantener el carácter de república de Chile. No podría fijar otra forma de gobierno, como, por ejemplo, una monarquía.
Régimen democrático: Asimismo, se deberá respetar el régimen democrático chileno. Es decir, se impide que la nueva Constitución imponga un régimen autocrático o totalitario.
Sentencias judiciales firmes: La propuesta de nueva Constitución no podrá afectar sentencias dictadas por los tribunales de justicia que se encuentren firmes y ejecutoriadas. Esto quiere decir que el nuevo texto constitucional tiene prohibido reabrir procesos judiciales ya concluidos.
Tratados internacionales: Finalmente, el texto sometido a plebiscito deberá respetar los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Esta categoría abarca una amplia gama de instrumentos, tales como los tratados sobre derechos humanos, acuerdos económicos y tratados de libre comercio, entre otros.

(1) En particular, se trata de la ley N°18.700 orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios; la ley N°18.556 orgánica constitucional sobre sistema de inscripciones electorales y servicio electoral; la ley N°18.603 orgánica constitucional de partidos políticos; y la ley N°19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral.